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Por la Dra. Patricia Ordoqui. Responsabilidades de las Sociedades Anónimas en el Derecho Uruguayo
Montevideo, Febrero 2014. Responsabilidades de las Sociedades Anónimas en el Derecho Uruguayo INTRODUCCIÓN: El Directorio, ya sea este unipersonal o compuesto por varias personas, es el órgano encargado de la gestión de los negocios sociales y es quien representa a la sociedad frente a terceros, según lo que establece nuestra Ley, pudiendo el contrato social limitar su acción, condicionando ciertas decisiones, como pueden ser la disposición de bienes inmuebles, con la previa aprobación de los accionistas en Asamblea. Las amplias facultades que se otorgan por Ley al Directorio, tienen como contrapartida la gran responsabilidad que se les atribuye en un conjunto de normas difusas. El régimen general se encuentra regulado en la Ley de Sociedades Comerciales número 16.060, pudiendo además encontrar previsiones especiales en las siguientes normas: 2.230, 14.095, el Código Tributario (21, 104, 105 y 112), Ley 14.252 (art. 357), Ley 14.219, 18.387 y 18.930, entre otras. En virtud de toda la normativa vigente analizada en su conjunto, la responsabilidad de quienes ejercen el cargo de Directores puede subdividirse según las áreas de actividad, en las siguientes: 1) RESPONSABILIDAD CIVIL La actuación de los Directores está sometida a un estricto régimen de responsabilidad civil consagrado por la Ley 16.060 (art.391 y 396), ya que sus actos en ejercicio del cargo, obligan a la Sociedad. Responsabilidad por Daños y Perjuicios La ley establece que los Directores responderán solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y a los terceros por los daños y perjuicios resultantes de su actuación ya sea directa como indirectamente, en violación a la ley, los estatutos sociales, reglamentos internos, mal desempeño de su cargo y abuso de funciones, ya sea como dolo o culpa grave. La característica de la responsabilidad solidaria implica que quien accione por la responsabilidad del Directorio, al haberse configurado un daño, podrá hacerlo contra cualquiera de los directores indistintamente o contra todos. Esto sin perjuicio de que los directores no responsables puedan repetir luego contra el que sí lo es, debiendo para ello iniciarle un reclamo judicial. Se liberarán de dicha responsabilidad quienes hayan dejado constancia en actas de su voto en contra de la resolución que genera la responsabilidad, aún cuando no hayan estado presentes, lo que deberán hacerlo dentro del plazo de 10 días. Cuando se trata de hechos o actos que no resultan de sesiones de Directorio, sino de actos aislados de algunos de los Directores, los que no hayan participado no tendrán responsabilidad. Es necesario para la atribución de la responsabilidad que se configuren los siguientes elementos acumulativos: a) Que se haya constituido un hecho ilícito (contrario al Estatuto Social o cualquier normativa vigente); b) que ese hecho haya causado un daño; y c) que se pueda probar el nexo causal entre el hecho y el daño. La severidad de la responsabilidad de los Directores es consecuencia directa de dos caracterísiticas propias de las Sociedades Anónimas: a) la limitación de la responsabilidad de los accionistas a su aporte, y b) la indiferencia acerca de las características propias de los accionistas, siendo el Directorio la cara visible. Imputada la responsabilidad a los Directores, ésta es solidaria, como ya se dijo anteriormente, y personal, lo que implica que deberán responder con su patrimonio. A los efectos de delimitar en el tiempo la posibilidad del reclamo que pueden sufrir los Directores por los daños causados durante su gestión, debemos distinguir si el reclamo proviene de la propia Sociedad, de sus Accionistas o de un tercero. En los dos primeros casos,(Sociedad o Accionistas) se trata de una responsabilidad contractual, derivada de la relación originada en la designación de los mismos, y el reclamo de un tercero, es de carácter extra - contractual. Eso se traduce en que la posibilidad del reclamo por parte de la sociedad y los accionistas expira a los veinte años, mientras que la de los terceros expira a los cuatro años. Cuando la ley de sociedades establece que los Directores serán responsables en la gestión de sus negocios por cualquier violación a la ley, supone la transgresión a cualquier normativa vigente, ya sea una ley, un decreto, una ordenanza municipal o una circular administrativa. Los daños causados por un Director pueden provenir asimismo por el mal desempeño del cargo, que refiere al deber de lealtad del Director con la sociedad, y a su actuación de un buen hombre de negocios. La violación de la norma de prohibición de competencia que tienen los Directores con la Sociedad, o la contratación de los mismos con la Sociedad, pueden llegar a determinar violaciones a este deber genérico de diligencia. Sanciones administrativas. La ley de sociedades comerciales establece que la Auditoría Interna de la Nación puede sancionar a los Directores de una S.A. en caso de constatación de violación de la ley, estatuto o reglamentos. Las mismas podrán consistir desde el apercibimiento y publicación de la sanción, hasta una multa de un máximo de 10.000 UR. Sociedades vinculadas y controladas. Resulta importante destacar el artículo 50 de la Ley 16.060 que establece que los Directores de una sociedad no podrán favorecer a otra sociedad vinculada, controlada o controlante, en perjuicio de la que administran, debiendo vigilar que las operaciones entre las sociedades se efectúen en condiciones equitativas o con compensaciones adecuadas. En caso de incumplimiento podrán ser responsables de los daños y perjuicios causados por de violación de esta norma. Socio oculto. Sin perjuicio de todo lo antedicho, se hace una breve mención para la hipótesis de existencia de socio oculto, ya que la ley establece una responsabilidad para dicha persona que alcanza a las obligaciones sociales en forma ilimitada y solidaria con la sociedad sin poder invocar el beneficio de excusión. 2) RESPONSABILIDAD PENAL. La responsabilidad penal de los Directores de sociedades anónimas como consecuencia del desempeño de su cargo, se encuentra prevista en el artículo 12 del Decreto Ley 14.905 y los arts. 110 y 112 del Código Tributario. El art. 12 de la Ley 14.905 que tipifica figuras referentes a Ilícitos Económicos y establece que cuando en los delitos allí configurados (por ejemplo: agio cambiario, insolvencia societaria fraudulenta, fraude en instrumentación de actos de comercio exterior, etc.) se encuentren involucrados Directores en calidad de autores, co - autores o cómplices, podrán ser responsabilizados según el caso. De esta responsabilidad es posible de exonerarse cuando conste en Actas la oposición de los Directores respecto de los actos que implican alguna de las causales de responsabilidad, o prueben su oposición a los mismos o ignorancia del asunto. En el área de la responsabilidad penal, la misma debe ser fehacientemente demostrada y no basta solamente con el hecho de la producción del delito, sino que es necesaria la prueba del conocimiento por parte de los imputados. Las consecuencias de la imputación de estos delitos pueden llegar a derivar en un procesamiento y en la suspensión para el ejercicio del cargo de Directores por un período de 6 meses a 5 años. El art. 110 del Código Tributario tipifica el delito de defraudación tributaria y dispone que comete defraudación tributaria el que, directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos. La palabra “proceder�, dentro de la tipificación determina el carácter activo del comportamiento, por lo que quedarían excluidas las conductas omisas, como por ejemplo, la omisión de inscribirse como contribuyente, omisión de pago u omisión de formular las declaraciones a que estuviere obligado. La defraudación tributaria es un delito que requiere instancia de la Administración (DGI), es decir que no puede imputarse de oficio por un Juez si no es a pedido de parte, la que deberá solicitarla mediante resolución fundada. La pena para este delito es la privación de la libertad por un plazo que puede oscilar entre los 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaria. En este punto es importante destacar el papel que cumplen los grupos económicos y la forma de tributación de los servicios o actividad que presenten. Citamos, como ejemplo, la sentencia que sentó precedente y que por la cual se le imputó responsabilidad a los Directores de una sociedad que facturaba sus servicios a través de otra de su mismo grupo económico, con la finalidad de tributar menos, por encontrase una de ellas amparada por un régimen más favorable. 3) RESPONSABILIDAD LABORAL. En lo que refiere a la responsabilidad por rubros de naturaleza laboral de los Directores de las Sociedades Anónimas es importante aclarar que no existe al día de la fecha una norma expresa que establezca la responsabilidad de los mismos respecto a las deudas laborales de la Sociedad. Esto sí acontece en el ámbito de la responsabilidad de los socios de las S.R.L ya que la ley 14.188 así lo establece expresamente. Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, los jueces han extendido la responsabilidad de las deudas de la sociedad de naturaleza laboral a los Directores, aplicando el principio de supremacía de la realidad, absorbiendo a los Directores que son quienes muchas veces tienen el vínculo real de preeminencia y dependencia sobre los empleados de la sociedad; o aplicando la figura del conjunto económico, el que sirve para expandir la responsabilidad de naturaleza laboral entre empresas formalmente independientes pero vinculadas por una dirección económica única. En materia de responsabilidad de accidentes de trabajo y seguridad laboral, la ley 18.172 que otorga una nueva redacción al art. 346 de la ley 16.074 establece la responsabilidad laboral solidaria de los Directores respecto a la sociedad por la contratación del seguro obligatorio y por el incumplimiento de las normas de seguridad y prevención, 4) RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA. En el artículo 21 encontramos el régimen general en materia de responsabilidad tributaria de los Directores. Esta norma establece que los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias que correspondan a sus representados, limitando dicha responsabilidad al valor de los bienes que administren o dispongan, salvo que hubieren actuado con dolo. Asimismo conforme al artículo 19 del Código Tributario, el Director es quien reviste la calidad de responsable tributario. La Administración entiende que “representantes� son todos aquellos que revisten la calidad de Directores, incluyendo a aquellos que no intervienen directamente con en la gestión social referente a la materia tributaria. En doctrina y jurisprudencia (jueces) se ha entendido lo contrario, no haciéndose responsable a aquel Director que en los hechos no ha ejercido la calidad de representante de la Sociedad. El alcance de esta responsabilidad también en debatida, ya que la Administración se inclina por entender que la responsabilidad tributaria solidaria de los representantes no solo se aplica por adeudos de tributos, sino también por las sanciones aplicables por infracciones. Es importante resaltar que la normativa actual requiere un proceder doloso o culpable. El dolo implica intencionalidad y por ende se aplica cuando la Administración logra probar la existencia de maniobras efectuadas por los Directores, tendientes a evadir el pago de los impuestos. La culpa implica la ausencia de intención, pero sí un actuar negligente, imprudente o imperito en el ejercicio de su cargo. El actuar doloso implica como sanción la responsabilidad del Director de forma ilimitada, pero en caso de la responsabilidad culposa implica una responsabilidad limitada al valor de los bienes que administran. La responsabilidad de los directores en estos casos se limita al período en el que ejercieron el cargo. En lo que refiere al Impuesto a las rentas a las Actividades Económicas, la ley 18.083 establece expresamente que los Directores de las sociedades contribuyentes serán solidariamente responsables del pago del mismo. 5) NUEVA LEY DE CONCURSOS. La ley 18.387 de reciente promulgación en nuestro país, introdujo modificaciones sustanciales al régimen de responsabilidad de los Directores de las personas jurídicas. Una primera medida preceptiva y obligatoria en el caso de los concursos necesarios (aquellos solicitados por personas ajenas al deudor concursado) de las personas jurídicas, es el embargo preventivo de los bienes y derechos de los Directores. Dicha medida cautelar puede incluso, afectar a ex – directores, con una antelación de 2 años previos a la declaración del concurso, siempre que se pueda demostrar que conocían el estado de insolvencia de la persona jurídica administrada. Asimismo cuando el concurso se considere culpable (calificación que se reserva a aquellos casos en los que haya mediado dolo o culpa grave) y exista déficit patrimonial, el juez podrá condenar a los Directores de hecho o de derecho a la cobertura de la totalidad o parte de dicho déficit en beneficio de la masa activa. Esta reciente norma también ha tipificado nuevos delitos que pueden ser aplicados a los Directores de las sociedades anónimas, entre los que se encuentran exagerar u ocultar el pasivo o el activo, reconocer o aparentar privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraer o esconder los libros sociales, y acordar u otorgar a los acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en razón de su voto. Incurrirán en cualquiera de estos delitos los Directores de hecho o de derecho que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito, fijando una pena que puede oscilar entre un año de prisión a 5 años de penitenciaría. POSIBLES ACCIONES CONTRA LOS DIRECTORES: En definitiva, y a grandes rasgos las posibilidades de responsabilidad de los Directores de las S.A., pueden provenir de diversas situaciones, que podemos resumir a modo simplemente aclaratorio y enunciativo en: - Sanciones administrativas que van desde el apercibimiento a la multa de 10.000 UR por parte de la A.I.N. - Demanda de responsabilidad en el ejercicio de su cargo por parte de terceros, accionistas o la propia sociedad. - Demanda por daños y perjuicios. - Responsabilidad por normas de seguridad social e incluso eventualmente por reclamos laborales. - Responsabilidad penal. - Responsabilidad por la ley de Concursos.